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Esta planificación de parques eólicos se localiza en buena medida a nuestras comarcas interiores de Tierras del Ebro y Campo de Tarragona.
Este hecho obliga a abrir un debate de país sobre el futuro del mundo rural y el mundo industrial y de servicios, y sobre la protección de las fincas agrícolas más productivas, porque sino con todos los trámites actuales podría conllevar un desbarajuste paisajístico.
La gran mayoría de personas estaríamos de acuerdo en estar a favor de las energías renovables. Ahora bien, hay que poner en duda la manera de implantarlas, para evitar trinchar territorio, hay un reequilibrio territorial y un modelo más "democrático" y "participativo". Que reviertan calidad de vida a las personas y territorio que las deben acoger, una agricultura de calidad, un turismo y un paisaje de calidad y se oponen al modelo de masificación eólica de gran impacto que se quiere imponer.
Hay que decir que la energía eólica está considerada como una energía verde, se trata de una energía gratuita e inagotable. Está claro, sin embargo, que también tiene sus limitaciones e inconvenientes. Esta energía es totalmente gratuita y todo el mundo puede hacer uso, y por supuesto, que no hay que pagar ninguna contribución. Lástima que sea una energía que no se pueda acumular! Otro problema que plantea esta energía, es que no es estable ni constante, pues a veces no hace ni gota de viento, y otros en cuanto masa.
La aprobación por parte del Gobierno de la Generalitat del nuevo decreto ley 16/2019 de las energías renovables ha dado un nuevo impulso al sector eólico paralizado desde hacía años debido a las complicaciones normativas para sacar adelante los proyectos.
El principal problema es que el nuevo decreto ley 16/2019 ha dejado Cataluña sin planificación ambiental de la energía eólica, ya que ha derogado el Decreto 147/2009. Ahora, los promotores tienen la veda abierta para promover donde quieran con la condición de que sólo deben superar el obstáculo de la evaluación ambiental. El Decreto Ley ha acabado con las limitaciones territoriales para implantar renovables, el número de nuevos proyectos que se prevén en todo el país se ha disparado.
El decreto ley de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso de las energías renovables ha supuesto un catalizador para agilizar la implementación de proyectos de energía verde, mediante la creación de un nuevo órgano colegiado: la ponencia de energías renovables. Esta ponencia analiza las cuestiones ambientales, urbanísticas, paisajísticas, agrícolas, energéticas y de patrimonio cultural. Con estos ejes, la ponencia ha dado el visto bueno inicial a varios proyectos para que comiencen su tramitación administrativa
Una vez la ponencia hace este pronunciamiento favorable, los promotores pueden iniciar la tramitación del expediente que debe hacer posible su implantación. La autorización corresponde al departamento competente en materia de energía pero requiere de tramitación urbanística y de evaluación del impacto ambiental. El pronunciamiento favorable en esta fase de consulta previa no garantiza que, en el proceso de evaluación del impacto ambiental y de la tramitación del proyecto, puedan surgir nuevos elementos que afecten su autorización
La tramitación de proyectos de más de 50 MW es competencia del Estado y los ecologistas denuncian que las grandes empresas energéticas están fraccionando clústeres eólicos de más 100MW en centrales más pequeñas, que tienen entre 30 MW y 50 MW. El "vacío competencial" que existe en este tipo de proyectos la aprovechan los promotores para solicitar la autorización de una central con la misma ubicación, tanto al Gobierno como al ejecutivo español. Los proyectos se presentan por separado para minimizar el impacto sobre el patrimonio natural, cultural y la biodiversidad. Aparte de la destrucción de la riqueza paisajística, los proyectos no prevén la creación de ningún nuevo puesto de trabajo en el territorio.
Los nuevos proyectos de parques eólicos se caracterizan por la fragmentación, dado que los promotores los presentan y proyectan de manera separada y los estudios ambientales asociados no se plantean de manera sinérgica, es decir, teniendo en cuenta los otros proyectos presentados ni tampoco las centrales eólicas ya existentes, con el objetivo de facilitar su aprobación; a veces el territorio está fragmentado administrativamente ya caballo entre comarcas, por lo que se debería plantear una estrategia y una planificación de la energía eólica a nivel nacional.
Los proyectos de parques eólicos se encuentran en las primeras alegaciones y la conveniencia de que sean sometidos a procesos de valoración del alcance del impacto ambiental. Los interesados pueden consultar en la siguiente página de Gencat los proyectos presentados y en todo caso, presentar alegaciones (según proyecto). En este enlace encontraréis diferentes modelos.
La nueva normativa equipara el decreto 16/2019 con rango de ley y "se salta a la torera normativas de rango superior", como el texto refundido de la Ley de Urbanismo, la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, la Ley 42 / 2007 del Patrimonio Natural y Biodiversidad y otras normativas estatales que "ponen contra las cuerdas el marco constitucional de competencias entre el Estado y Cataluña".
De hecho, el nuevo decreto permite que las tramitaciones energética, ambiental, urbanística y paisajística se hagan conjuntamente, que se tramite la instalación con la línea de evacuación de energía a la red, o que se tramiten proyectos híbridos que combinen energía eólica y solar fotovoltaica que compartan la línea de evacuación de la electricidad generada.
El Decreto ha puesto en bandeja a los promotores para acabar de trinchar las comarcas que ya habían vivido una implantación de energía eólica completamente caótica y desmesurada, si estos nuevos parques acaban instalando en las zonas ya masificadas por estas instalaciones, les será imposible optar a un modelo energético alternativo, más democrático, colaborativo e implicado en el territorio, como prevé la ley de transición energética que está redactando el Gobierno.
Creemos que la generación de energía se llevará cerca de los lugares donde se consume para reducir los impactos ambientales en la biodiversidad y minimizando los daños al paisaje que han sufrido zonas como la Terra Alta. Con casi 200 aerogeneradores instalados. "Es completamente intolerable que se utilice la argumentación de la transición energética y la crisis climática para destruir territorios donde se ha optado por la conservación de sus valores naturales, de su paisaje y donde se propone un modelo socioeconómico basado en la capacidad de decisión propia ".
Consideramos que con el objetivo de los gobiernos de alcanzar el 100% de energía proveniente de fuentes renovables en 2050, ha precipitado el interés para hacer parques eólicos. Sin embargo, es en las ciudades donde se consume el 78% de la energía y que éstas sólo ocupan un 2% del territorio. Para hacer frente a los compromisos de la transición energética, Cataluña ha de poner en servicio un mínimo de 4.090 MW de nueva capacidad de generación eólica y 6.270 MW de nueva capacidad de generación solar fotovoltaica durante los próximos diez años. Esto supondría una inversión del orden de 3.965 millones de euros por la parte eólica, y 5.568 millones de euros por la parte solar fotovoltaica
Creemos que las zonas que deben acoger los parques eólicos o los de energía fotovoltaica deben poder decidir, cómo, dónde y cuándo se deben poner. El impacto es potente, medioambientalmente hablando, pero también cultural y el desarrollo económico. No se ha pedido al territorio su opinión, y todo ello llega de una manera impuesta. Se proyectan parques en cultivos sin el conocimiento de los agricultores. La energía territorial debe democratizar, sino se está incumpliendo el espíritu del decreto ley. Hay muchas zonas "manifiestamente productoras de energía", pero el consumo acaba revirtiendo en otros lugares.
Algunos agricultores trabajan tierras que no son suyas y pagan unos 150 € / año, las eléctricas llegan a pagar 1500 € / año por hectárea y, si el titular no es del territorio, firma el acuerdo. El sindicato insiste en que se ha "abierto la veda" a las energéticas e insta al Parlamento a regularlo.
El hecho de que tener molinos al pueblo favorece el bolsillo del Ayuntamiento, ya que supone una entrada de ingresos adicionales, pero en todo caso esto también es una situación "perversa" que se solucionaría con una mejor financiación de la administración local. Si esto fuera así, no habría que caer en tentaciones de querer instalaciones nocivas para tener unos recursos que ahora muchos ayuntamientos no tienen.
La otra cara de la moneda es el impacto negativo que suponen estos molinos. Está demostrado que estas infraestructuras favorecen la despoblación, y eso es justo contra lo que nosotros luchamos. Necesitamos repoblar y dar vigor al mundo rural antes no nos acabe de morir del todo.
Nosotros creemos que el futuro pasa por un modelo de una energía distribuida por el territorio y de proximidad tanto con la energía eólica como con otros modelos de bajo impacto y elevada eficiencia basados en energías renovables de autoconsumo.
La falta de un debate abierto sobre las posibilidades de desarrollo de las comarcas agrícolas y del mundo rural en general con instalaciones industriales de este tipo y la falta de una adecuada planificación de la energía eólica pueden dar lugar a la masificación , a los efectos acumulativos y sinérgicos, al solapamiento de varias solicitudes al mismo ámbito ya la afección a espacios de importancia ecológica pesar de no ser incluidos en zonas protegidas.
Sin duda se deben contemplar todas las afectaciones sobre fauna, paisaje y la actividad primaria, pero hay que evitar recurrentes posiciones extremas que no se entienden debidamente sopesadas con las necesidades y ventajas para Cataluña.