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El Ministerio de Economía y Hacienda tramita una nueva ley consecuencia de la transposición de la Directiva de Servicios Europea llamada Omnibus, que pretende acabar con la capacidad técnica de los colegios de velar por los intereses de los consumidores mediante los visados. Los colegios temen que la posible eliminación del control de los trabajos técnicos comporte un aumento del precio del proyecto cuando pase a manos de compañías aseguradoras o entidades lucrativas en busca de un mayor beneficio.
El CETIT quiere manifestar su preocupación ante el que será, si no se para en última instancia parlamentaria, un grave perjuicio para la sociedad en forma de ley llamada Omnibus que, entre otras medidas, pretende cambiar la regulación de la profesión de los col colegios profesionales y sociedades profesionales.
Este proyecto de ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio está en estos momentos en tramitación en el Senado. Entre los aspectos modificados se contempla un cambio importante en el visado de trabajos profesionales y, si prospera, en ningún caso los colegios, por sí mismos o mediante sus previsiones estatutarias, podrán imponer la obligatoriedad de visar los trabajos profesionales.
El CETIT quiere recordar una vez más que esta regulación corresponde a los colegios por ley y por tanto el visado de documentos técnicos sólo puede ser regulado por los colegios profesionales en virtud de sus competencias.
Lo que pretende el Ministerio de Economía y Hacienda con esta nueva ley se hizo desaparecer el control colegial que, en definitiva, implica apartar los colegios profesionales del desarrollo técnico de su propia profesión, a la que se deben y por la que trabajan incansablemente. Los visados son una de las formas más efectivas para controlar que los trabajos técnicos se lleven a cabo con todas las garantías posibles de responsabilidad en beneficio tanto del proyectista como del ciudadano o la empresa que ha solicitado el servicio de un técnico sometido al código deontológico profesional. Si esta importante capacidad colegial se elimina, se corre el riesgo de que el control pase a manos de empresas privadas, presumiblemente aseguradoras, que no tendrán el bagaje de los colegios y que probablemente tenderán a sacar un beneficio más alto de esta tarea de responsabilidad llevada a cabo hasta ahora de forma ejemplar por los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales.
El consumidor debe saber que el visado garantiza la seguridad mediante la acreditación del ingeniero técnico industrial que hace el trabajo, está habilitado y es competente para hacerlo, verifica y certifica la integridad y la identidad documental de todo su contenido administrativo y legislativo para la administración que va destinado, además de garantizar la existencia de un seguro de responsabilidad civil.
La transposición de la Directiva de Servicios propicia la existencia del visado por tanto no se entiende esta postura de desproteger la profesión y el ciudadano.
En este sentido, cabe destacar que los gastos de visado no superan el 0,20% del coste del proyecto mientras que las tasas de la Administración intrínsecas son superiores al 2,80% del coste. A este dato, hay que añadir también que la parte económica que obtiene el colegio se invierte en la profesión y por tanto no hay ningún ánimo de lucro.
Hasta ahora, el CETIT, como otras instituciones, ha hecho llegar a las diversas fuerzas políticas parlamentarias representadas en nuestra demarcación su juicio ante esta injusticia y ha propuesto unas enmiendas para evitar que esta nueva ley sea un perjuicio tanto para la profesión como para el conjunto de los ciudadanos. Las gestiones continúan a todos los niveles y confiamos en que el buen sentido parlamentario evite que se materialice finalmente este agravio profesional en medio de una situación que, por sí misma, ya es bastante mala económicamente para todos.
El CETIT quiere manifestar su preocupación ante el que será, si no se para en última instancia parlamentaria, un grave perjuicio para la sociedad en forma de ley llamada Omnibus que, entre otras medidas, pretende cambiar la regulación de la profesión de los col colegios profesionales y sociedades profesionales.
Este proyecto de ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio está en estos momentos en tramitación en el Senado. Entre los aspectos modificados se contempla un cambio importante en el visado de trabajos profesionales y, si prospera, en ningún caso los colegios, por sí mismos o mediante sus previsiones estatutarias, podrán imponer la obligatoriedad de visar los trabajos profesionales.
El CETIT quiere recordar una vez más que esta regulación corresponde a los colegios por ley y por tanto el visado de documentos técnicos sólo puede ser regulado por los colegios profesionales en virtud de sus competencias.
Lo que pretende el Ministerio de Economía y Hacienda con esta nueva ley se hizo desaparecer el control colegial que, en definitiva, implica apartar los colegios profesionales del desarrollo técnico de su propia profesión, a la que se deben y por la que trabajan incansablemente. Los visados son una de las formas más efectivas para controlar que los trabajos técnicos se lleven a cabo con todas las garantías posibles de responsabilidad en beneficio tanto del proyectista como del ciudadano o la empresa que ha solicitado el servicio de un técnico sometido al código deontológico profesional. Si esta importante capacidad colegial se elimina, se corre el riesgo de que el control pase a manos de empresas privadas, presumiblemente aseguradoras, que no tendrán el bagaje de los colegios y que probablemente tenderán a sacar un beneficio más alto de esta tarea de responsabilidad llevada a cabo hasta ahora de forma ejemplar por los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales.
El consumidor debe saber que el visado garantiza la seguridad mediante la acreditación del ingeniero técnico industrial que hace el trabajo, está habilitado y es competente para hacerlo, verifica y certifica la integridad y la identidad documental de todo su contenido administrativo y legislativo para la administración que va destinado, además de garantizar la existencia de un seguro de responsabilidad civil.
La transposición de la Directiva de Servicios propicia la existencia del visado por tanto no se entiende esta postura de desproteger la profesión y el ciudadano.
En este sentido, cabe destacar que los gastos de visado no superan el 0,20% del coste del proyecto mientras que las tasas de la Administración intrínsecas son superiores al 2,80% del coste. A este dato, hay que añadir también que la parte económica que obtiene el colegio se invierte en la profesión y por tanto no hay ningún ánimo de lucro.
Hasta ahora, el CETIT, como otras instituciones, ha hecho llegar a las diversas fuerzas políticas parlamentarias representadas en nuestra demarcación su juicio ante esta injusticia y ha propuesto unas enmiendas para evitar que esta nueva ley sea un perjuicio tanto para la profesión como para el conjunto de los ciudadanos. Las gestiones continúan a todos los niveles y confiamos en que el buen sentido parlamentario evite que se materialice finalmente este agravio profesional en medio de una situación que, por sí misma, ya es bastante mala económicamente para todos.