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Con el objetivo de posibilitar edificios más seguros y habitables, se crea el Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación (CSICE).
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 17 de marzo de 2006 el nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE). Se trata de un marco normativo que establece las exigencias básicas de calidad, seguridad y habitabilidad de los edificios y sus instalaciones. La finalidad es que el sector de la construcción se adapte a la estrategia de sostenibilidad económica, energética y medioambiental con una garantía de unos edificios más seguros, más habitables, más sostenibles y de mayor calidad. El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Tarragona ofrecerá próximamente una conferencia para detallar todos los nuevos documentos que ahora avanzamos a la siguiente información.
Esta nueva norma regula la construcción de todos los edificios nuevos y la rehabilitación de los existentes, bien sea los destinados a viviendas como los de uso comercial, docente, sanitario deportivo, industrial o sociocultural. Como tal, introduce elementos innovadores sobre materiales y técnicas de construcción para lograr edificios más seguros y eficientes desde el punto de vista energético y establece requisitos que contemplan factores de funcionalidad y de seguridad. Con su entrada en vigor, España se sitúa entre las naciones más innovadoras en materia de edificación cumpliendo las directivas europeas
La estructura del código se ha ordenado en torno a dos partes: la primera, define el contenido, objeto y ámbito de aplicación del proyecto y la segunda, la integran una serie de "Documentos Básicos" que recogen las exigencias que deben cumplir los edificios. De esta forma, se regulan las exigencias básicas para seguridad estructural, para seguridad en caso de incendio, para seguridad de utilización, para higiene, salud y protección del medio ambiente y para ahorro de energía.
principales innovaciones
La nueva regulación de las estructuras de edificios supondrá un refuerzo para el sistema de seguro decenal de daños e implica un importante avance en el proceso de convergencia con la normativa europea. En este documento básico se establecen cuestiones relacionadas con las bases de cálculo, la edificación, los cimientos y las estructuras de acero. Además se elimina el vacío reglamentario existente en relación con las estructuras de madera, que suponía un obstáculo para la utilización de este material, que en todo caso debe contar con un certificado de madera sostenible.
En el documento también se establecen medidas para impedir la propagación de un incendio, tanto interior como exterior al edificio; se facilita la evacuación de ocupantes del edificio en condiciones de seguridad y se prevé la instalación de sistemas de detección, control y extinción. También se mejora la intervención de los bomberos y se regula la resistencia al fuego de la estructura. Además, se establecen las condiciones de reacción y resistencia al fuego que deben cumplir los elementos constructivos.
En cuanto al uso del edificio y la mayor protección a las personas, la nueva normativa se centra en la prevención. Se regulan los riesgos más frecuentes como son las caídas por resbalones, los accidentes derivados de una iluminación inadecuada o los accidentes derivados de la presencia de vehículos en movimiento. Más que imponer nuevas limitaciones al diseño, se quiere modificar determinadas pautas de diseño que venían a traducirse en riesgos cada vez mayores para los usuarios de los edificios, como las barandillas inadecuadas o inexistentes, los suelos excesivamente resbaladizos o las escaleras con un diseño que aumenta el riesgo de caídas.
Respecto a la salud, higiene y protección del medio ambiente, se intenta afrontar diversos problemas de la edificación en España y se pretende disminuir el número de problemas de patología por humedad debido al diseño malo constructivo y mantenimiento de suelos, muros enterrados, fachadas y cubiertas. Se establecen medidas que favorecerán el ahorro del agua en los edificios actualizando la reglamentación preexistente que data del año 1975. Este nuevo documento de salubridad también recoge la calidad del aire interior con salidas de humos y gases de la combustión por las cubiertas de los edificios. De esta manera, deberán instalarse ventiladores o aspiradores hídricos en los edificios para su ventilación y deberán instalarse detectores de dióxido de carbono en garajes de más de 30 metros2. Finalmente, también se ocupa de los problemas de salubridad y medioambientales ocasionados por la mala gestión y falta de reciclado de los residuos ordinarios, facilitando la recogida puerta a puerta mediante sistemas más sostenibles.
Uno de los documentos más importantes es el Documento Básico de ahorro de energía como instrumento de las nuevas políticas energéticas y medioambientales del Gobierno. Tiene como objetivo conseguir un uso racional de la energía, reduciendo su consumo energético y utilizando para ello fuentes de energía renovable. Así la normativa establece la obligación de incorporar criterios de eficiencia energética y el uso de energía solar, térmica o fotovoltaica en los nuevos edificios o en aquellos que se vayan a rehabilitar. Por ello, contiene cuatro exigencias energéticas básicas: limitación de la demanda energética con valores límite para los cerramientos de los edificios (fachadas, vidrios, cubiertas, etc.); eficiencia energética de las instalaciones de iluminación, donde se fijan por primera vez en la normativa española, unos requisitos a cumplir por estas instalaciones sobre todo para edificios del sector terciario; la exigencia relativa a la contribución solar mínima de agua caliente sanitaria con la obligatoriedad de que la producción de agua caliente sanitaria se realice con un aporte obligatorio de energía solar térmica que variará entre un 30% y un 70% en función del volumen diario previsto de agua caliente demandado; y la contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. Por ejemplo, en el caso de las oficinas, por encima de 4.000 m², una parte de las necesidades eléctricas deberán estar cubiertas por energía solar generada por una instalación fotovoltaica.
Según estimaciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), la implantación de las exigencias energéticas introducidas en el nuevo Código supondrá, para cada edificio, un ahorro de un 30-40% y una reducción de emisiones de CO2 por consumo de energía de un 40-55%.
El Consejo de Ministros también aprobó la creación y constitución del Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación (CSICE), donde estarán representadas todas las Administraciones Públicas más los agentes de la edificación y asociaciones ciudadanas. Este consejo hará un seguimiento y evaluación de su aplicación así como su actualización periódica conforme a la evolución de la técnica y demanda de la sociedad. También se crea el Registro General del Código Técnico de la Edificación (CTE), adscrito a la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda, que tendrá carácter público e informativo y en el que se inscribirán y harán públicos los Documentos Reconocidos en dicho Código.
El CTE entró en vigor el día 29 de marzo de 2006, al día siguiente de su publicación en el BOE. Se establece un periodo de aplicación voluntaria de doce meses, excepto en lo que se refiere al ahorro energético y la seguridad contra incendios, cuestiones que se aplicarán a los seis meses.
