Entre enero y julio se han hecho cerca de 10.000 visitas a empresas constructoras y se han propuesto multas por más de 3,7 millones de euros.
La Inspección de Trabajo y los Técnicos habilidades del Departamento de Trabajo e Industria de la Generalidad de Cataluña han abierto de enero a julio un total de 1.098 expedientes sancionadores a empresas del sector de la construcción por incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Estos actos conllevan multas que suman los 3,7 millones de euros.
Como resultado de las visitas, se han hecho más de nueve mil requerimientos por deficiencias en materia de seguridad y salud. Incluso, la Inspección de Trabajo ha paralizado un total de 78 obras en toda Cataluña por riesgo grave e inminente.
En cuanto a la accidentalidad, por demarcaciones, en el sector de la construcción, Barcelona y Lleida han evolucionado positivamente en los últimos años mientras Girona la accidentalidad ha bajado, a pesar de registrar un fuerte incremento en la accidentalidad mortal este año. En nuestra provincia los índices de incidencia (número de accidentes laborales por cada 100.000 trabajadores) no han dejado de bajar a pesar del aumento del número de accidentes en cifras absolutas que la Generalitat atribuye, entre otras cuestiones, a la incremento de trabajadores ocupados en el sector.
Entre las próximas actuaciones administrativas destaca un acuerdo que adoptará el Gobierno que hará que en las próximas adjudicaciones de obra pública deba comprometer a respetar ciertas medidas en materia de seguridad y salud. Así, se velará por la calidad de los contenidos de los estudios de seguridad y salud en los proyectos constructivos. Además, se deberá hacer constar las partes se piensan subcontratar ya qué empresas. Finalmente, la administración catalana no podrá adjudicar obras públicas a empresas con sanción o condena firme por infracciones muy graves de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.